Más de una familia denunció el actuar del enfermero, quien se hizo pasar por médico especializado en atención COVID, por lo que buscan hacer una denuncia formal para que Santos Gómez tenga un castigo por sus acciones.
Por Martha Silva
Guanajuato, 23 de febrero (Pop Lab).– Un enfermero que se hizo pasar por doctor para atender a domicilio a pacientes con COVID-19 quedó evidenciado por una familia residente en la ciudad de León, quienes acudieron con él por la urgencia de tratar a uno de sus miembros, contagiado por el virus. Luego de descubrir el engaño acudieron a instancias públicas y privadas donde labora esta persona para informar de la irregularidad, sin resultados.
Únicamente les quedó la denuncia vía redes sociales, pues esta familia teme que otras personas pasen por lo mismo: José Armando Santos Gómez sigue en su puesto de enfermero tanto en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) como en la clínica Siena del Moral, donde no lo han sancionado.
Cuando en el HRAEB recibieron la denuncia, dijeron que nada podían hacer contra él, ya que estas acciones no se cometieron dentro de sus instalaciones, mientras que en el hospital privado, ubicado en Blvd. Campestre, sucedió algo similar.
Esto, pese a que la usurpación de profesiones es un delito listado en el Código Penal del Estado de Guanajuato.
Enrique Medina y el resto de su familia también han querido formalizar su denuncia ante instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero no les ha sido posible completar ni el formulario digital, por fallas en los sistemas de esas instituciones. En el caso de Conamed, la opción que queda es el envío de una carta mediante correo postal.
Esto ocurrió a finales de enero y principios de febrero, justo cuando el estado de Guanajuato y el país en general registraba el pico más alto de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa del coronavirus.
Aunque la paciente no presentó síntomas graves y se recupera satisfactoriamente, y Santos Gómez se disculpó con la familia y regresó el dinero de la consulta, presuntamente esta no fue la única vez que se hizo pasar por doctor.
De momento, los afectados ha compartido su caso y la foto del falso médico en varios grupos de apoyo para pacientes COVID en este enlace de Facebook, con la esperanza de que «nadie más sea víctima de este estafador que se aprovecha de la situación en la que estamos viviendo, sin importarle las consecuencias que puedan tener sus actos».
Sólo la casualidad permitió que este fraude saliera a la luz: conocidos en común revelaron que Santos Gómez era enfermero, no médico. Estas mismas personas confirman que sigue trabajando sin contratiempos en los lugares antes mencionados.
La familia ha compartido dicha publicación pues «nuestra intención es evitar que este supuesto doctor siga dando consultas». No obstante, aseguran, «lastimosamente se han encontrado más recetas expedidas por él. Quienes hemos pasado por esta situación sabemos que el tiempo es indispensable para la recuperación».
URGENCIA DE ATENCIÓN
Tras 10 días de estar cuidando a una pareja de adultos mayores previamente contagiados con COVID, en su propio domicilio debido a la falta de lugar en hospitales públicos y privados, mi familiar presentó síntomas leves el día martes 19 de enero, contó Enrique Medina a este medio.
Sin embargo, el sábado 23 de enero sus síntomas empeoraron, por lo que se decidió buscar un médico.
«…quienes han vivido esta situación saben de antemano que no es fácil encontrar una consulta a domicilio. Uno de mis cuñados trabaja en Uber y nos comentó que tenía un cliente doctor, así lo refirió él; por palabras del mismo supuesto doctor, que estaba atendiendo pacientes con COVID y teniendo resultados favorables, decidimos confiar y hacer una cita».
José Armando Santos Gómez acudió al domicilio el domingo 24 de enero para atender a la paciente, «se presentó como médico», la revisó y prescribió una receta con membrete de una clínica privada en León y utilizando la cédula de un médico, sin que quede claro que este haya dado o no su consentimiento.
EL VIDEO: «LLEVAMOS 280 PACIENTES»
En un video proporcionado por la familia de la paciente, el propio José Armando Santos Gómez se asume como doctor, y menciona:
«Podríamos mandarla a que se hiciera la prueba (COVID) pero para mí sería en vano, porque le va a salir positivo (…) Nosotros… no sé cómo me contactaron, pero ya llevamos 280 pacientes manejados por covid, desde el más crítico, en casa, puro manejo en casa y los estabilizamos, les damos rehabilitación pulmonar, éramos un grupo de cuatro médicos, ya nada más quedamos dos, uno de ellos se puso muy grave, nosotros lo tratamos, lo rescatamos y ya no quiso seguir con nosotros, (inaudible) dijeron que no, entre los dos nos dividimos un poquito, con el protocolo que hicimos, abarcamos solo una defunción y cuatro pacientes que hemos mandado al hospital…»
Más adelante, afirma con seguridad: «… Estamos a mucho tiempo, si fuera COVID, de prevenir cualquier complicación, es el momento preciso ahorita».
La familia pagó alrededor de dos mil 500 pesos por la consulta y medicación.
El lunes 25 de enero «nos dimos cuenta del engaño», cuando un familiar de Enrique que conoce a Armando escuchó el audio del «doctor Armando Santos». El video le corroboró que el enfermero Armando era el médico que atendía a esta paciente: «Ese mismo día hablé con él para exigirle la devolución del dinero” sin darle gran oportunidad de brindar explicaciones “y ese mismo día nos hizo la transferencia a un número de tarjeta que le di».
Posteriormente, llevaron a la paciente con otro doctor (ese sí, verdadero) que en una consulta posterior les dijo que ya le habían llegado más pacientes atendidos por esta persona.
Apenas el pasado viernes 19 de febrero, Armando Santos se comunicó con Enrique para disculparse por la situación, probablemente, dice el denunciante, después de que comenzara a compartirse la publicación de Facebook donde lo ponían en evidencia.
HRAEB Y CLÍNICA SIENA, INDIFERENTES
Enrique Medina comentó en entrevista con POPLab que el 3 de febrero personalmente acudió a la clínica Siena del Moral para exponer su queja. Lo recibió uno de los presuntos dueños, el ing. Fernando, un abogado y la licenciada Jenifer, encargada de recursos humanos. José Armando Santos Gómez, jefe de enfermeros en ese lugar, utiliza recetas con el membrete de Siena.
Medina buscaba que hubiera alguna sanción, incluso, que le quitaran su licencia de enfermero. La respuesta fue amable pero desalentadora: le respondieron que iban a revisar el caso, ya que por su cargo (jefe de enfermería) José Armando gozaba de su confianza y tenía acceso a las recetas médicas, pero aunque entendían la molestia de la familia de la paciente, no podían hacer nada (de momento).
De igual forma, el joven se comunicó vía telefónica el 5 de febrero al área de recursos humanos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), donde también trabaja Santos Gómez. Lo atendió una doctora de apellido Oyuki, pero se limitó a escucharlo. Luego «me dijo que no me podía ayudar por el hecho de que esto había sucedido por fuera de la institución, pero medio me orientó para que hiciera el reporte en una página que se llama SIDEC».
El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) forma parte de la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, cuando Enrique estaba por terminar el registro de su denuncia ahí «el sistema ya no nos dejó terminarla, nos pedía datos como dirección y teléfono que ya había pedido arriba, sin posibilidad de avanzar». Abortó el proceso.
Y ni hablar de una denuncia penal, porque su prioridad fue y es atender la salud de su paciente.
Otro testimonio recopilado por POPLab, de una doctora que labora en el HRAEB, que trabajó con él, dijo a este medio que «tuvo conocimiento de que Santos Gómez realizaba procedimientos y tratamientos como si fuera médico, sin serlo, en varias clínicas privadas», y que abusaba de los privilegios de su base laboral en el hospital.
En el Código Penal del Estado de Guanajuato, Capítulo III, Usurpación de Profesiones, Artículo 235, indica: «A quien ejerza los actos propios de una profesión o especialidad sin tener título o autorización legal, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa».
